Debemos celebrar que la Asamblea Nacional, lejos de continuar comportándose como un poder a la defensiva, en las últimas semanas ha tomado las riendas del cogobierno del país y le ha dado respuestas a todas las provocaciones que le han lanzado Maduro y el TSJ desde el Poder Ejecutivo.
En esta tesitura quisiera referirme, sobre todo, a la decisión de la AN de mantener vigente el presupuesto del 2016 para el 2017, pues no podía cruzarse de brazos ante la monstruosidad madurista de hacer aprobar el presupuesto del próximo año por el TSJ, pero tampoco dejar al país sin la normativa que, para tales casos, recomienda la Constitución Nacional que, no es otra, que la Reconducción.
Pero lo más importante es que, con el Presupuesto Reconducido, el régimen de Maduro queda sin facultades para realizar y recibir pagos del exterior, y mucho menos, para contratar deuda, créditos o empréstitos.
Otra actividad importante, entre las muchas que está realizando la AN para asumir el cogobierno -si no el gobierno del país-, tiene que ver con las investigaciones que se llevan a cabo desde la Comisión de Contraloría que, en su informe final sobre el Expediente 1648 -concerniente a una investigación sobre presuntas irregularidades de PDVSA-, determinó que durante la gestión del expresidente, Rafael Ramírez, se ocasionó un daño patrimonial a la República superior a los 11 mil millones de dólares.
Por último, destacaríamos el llamado al “Rescate de la Constitución y la Democracia” del máximo organismo del Poder Legislativo que, definitivamente, declara al madurato como una dictadura y llama al pueblo venezolano y a la comunidad internacional a desconocerlo y luchar contra él.