El juez que supervisa la investigación sobre el colosal escándalo en torno a Petrobras, la empresa estatal de petróleo de Brasil, el martes aceptó los cargos de corrupción contra el expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, preparando el escenario para enjuiciar a una de las figuras políticas más influyentes de América Latina.
La decisión, tomada por el juez Sergio Moro en Curitiba, se suma a los problemas de Da Silva, de 70 años, quien fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010. El Partido de los Trabajadores, su agrupación política de izquierda, está plagado de escándalos y perdió la presidencia en agosto cuando el senado decidió destituir a Dilma Rousseff, su sucesora, en lo que se ha convertido en una lucha de poder que ha consumido a la clase dirigente.
La decisión de enjuiciar a Da Silva llega en medio de un debate nacional sobre si los fiscales se extralimitan en sus esfuerzos por detenerlo. La semana pasada el fiscal Delton Dallagnol dijo que Lula era el “comandante máximo” de los esquemas de soborno destinados a mantener la influencia de su partido en la presidencia, pero no pudo ofrecer pruebas contundentes de su acusación.
Moro parece haber respondido a esas preocupaciones y advirtió que su decisión de enjuiciar al expresidente no equivale a un “dictamen conclusivo”. Da Silva ha arremetido contra el juez por la divulgación de sus conversaciones telefónicas privadas, argumentando que la medida refleja el sesgo y los esfuerzos para impedir que se vuelva a lanzar a la presidencia.
Los cargos contra Da Silva implican que él y su esposa recibieron ilegalmente alrededor de 1,1 millones de dólares de OAS, una empresa de construcción, en forma de mejoras y gastos de un apartamento frente al mar. Los fiscales afirman que, por su relación con Da Silva, OAS obtuvo lucrativos contratos de Petrobras.
Da Silva y sus abogados han dicho en reiteradas oportunidades que no hay nada ilegal que pueda relacionarse con la vivienda.
“Prueben que soy culpable y me voy caminando hasta la estación de policía”, le dijo Da Silva a la prensa después de la acusación de los fiscales. Refiriéndose a su popularidad en el país, que sigue siendo relativamente resistente pese a sus problemas legales, dijo: “Solo Jesucristo me gana en Brasil”.
Da Silva se encuentra entre los principales contendientes para la próxima elección presidencial de 2018, según las encuestas y estudios de opinión. Pero si el juez Moro lo encuentra culpable de los cargos, no será elegible como funcionario.
Los fiscales de São Paulo presentaron los cargos de corrupción contra Da Silva en marzo, alegando que trató de ocultar la propiedad de la vivienda. Da Silva también será enjuiciado en otro caso por cargos de obstruir la investigación del sistema de sobornos establecido en Petrobras, que alcanzó los 3 mil millones de dólares en sobornos.
El juez Moro dictó su fallo el mismo día en que el sucesor de Rousseff, Michel Temer, defendió la destitución de la expresidenta en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Diario The New York Times.