Legisladores estadounidenses de ambos partidos se pronunciaron a favor de la medida tras una investigación de The Associated Press que reveló que el tráfico de alimentos difíciles de encontrar se había vuelto un gran negocio en Venezuela, donde el ejército estaba en el meollo de los actos de corrupción.
El presionado presidente socialista, Nicolás Maduro, otorgó al ejército un control amplio y cada vez mayor sobre el suministro de alimentos al tiempo que la escasez aumentó la desnutrición este año.
«Cuando el ejército lucra con la distribución de comida mientras el pueblo venezolano sufre cada vez más hambre, la corrupción ha alcanzado nuevos niveles de perversión que no pueden quedar inadvertidos», dijo el senador demócrata Ben Cardin, de Maryland, miembro de alto rango de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El artículo de la AP publicado el mes pasado detalló la cadena de negocios sucios del ejército, entre ellos el pago de comisiones a generales por contratos de alimentos y sobornos para retirar los productos que llegan a puerto. Algunos de los alimentos se compran en Estados Unidos y algunos de los sobornos pasan por el sistema bancario de ese país.
Fiscales federales de Estados Unidos investigan a altos funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del ejército, para determinar si lavaron dinero — a través del sistema financiero estadounidense— procedente de irregularidades en los contratos de alimentos, afirmaron a la AP cuatro personas al tanto de las pesquisas. No se han presentado cargos.
El senador republicano por Florida Marco Rubio indicó que el presidente Donald Trump debe adoptar medidas de inmediato para sancionar a los funcionarios mencionados en el reportaje de la AP.
«Esta debería ser una de las primeras acciones del presidente Trump», declaró Rubio, que preside el subcomité de Relaciones Exteriores para América Latina, a la AP.
The Associated Press citó documentos y testimonios de dueños de negocios que señalaron al ministro para la Alimentación, el general Rodolfo Marco Torres, y a su predecesor, el general Carlos Osorio, como figuras claves en las importaciones fraudulentas de alimentos. Ninguno de los dos respondió a las solicitudes de comentarios, pero en el pasado ambos rechazaron las denuncias de corrupción acusándolas de infundadas y de estar propagadas por rivales políticos.
La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, de Florida, dijo que solicitó a los departamentos de Estado y Tesoro que apliquen sanciones a Marco Torres, a Osorio y a cualquier otra persona que se esté enriqueciendo con la escasez de alimentos en Venezuela. Además, instó a las agencias gubernamentales a garantizar que las compañías estadounidenses no hacen negocios directamente con empresarios venezolanos que actúan de fachada para funcionarios corruptos.
El senador demócrata por New Jersey Bob Menendez se sumó a su petición de identificar a los implicados en corrupción relacionada con la comida.
En 2014, el ejecutivo de Barack Obama, a instancias de Rubio y Menendez, congeló activos en Estados Unidos y negó visas a funcionarios venezolanos de alto rango acusados de narcotráfico y violaciones de derechos humanos durante una ola de protestas antigubernamentales.
Maduro respondió calificando a los legisladores estadounidenses de «terroristas» obstinados en desestabilizar Venezuela y les prohibió visitar la nación petrolera.
El legislador venezolano Carlos Berrizbeitia, de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, aseguró que con sanciones o sin ellas la oposición hará todo lo posible para impedir que militares y funcionarios participen en el tráfico de alimentos.
«Es bienvenida la ayuda de cualquier otro país para investigar la corrupción en Venezuela. Pero aquí hay que presionar para que las instituciones venezolanos funcionen», afirmó. «Es necesario hacer todo lo posible para garantizar que no se roben un dólar más del dinero para alimentos, porque el país está pasando hambre y la gente come lo que rescata de la basura».
El gobierno de Maduro rara vez reconoce las acusaciones de corrupción en el ejército y no respondió al artículo de la AP. En su reestructuración de gabinete este mes, que supuso el reemplazo de más de una decena de ministros, el presidente mantuvo a Marcos Torres al frente del Ministerio para la Alimentación.
El presidente de Transparencia Internacional, el peruano José Ugaz, señaló que la ausencia de respuesta del gobierno es en sí muy reveladora.
«Es poderoso que no haya habido una reacción a un artículo tan fuerte», subrayó. «Si la corrupción en general es un fenómeno ya muy negativo, cuando afecta la vida y salud de la gente se convierte en algo inaceptable».
La investigación de la AP sobre la corrupción en el suministro de alimentos bajo el gobierno socialista generó discusiones incluso entre venezolanos de izquierdas en el popular cibersitio Aporrea.
«Miren el desastre que dejó Carlos Osorio en el Ministerio de Alimentación, y no hubo sanciones, sólo destitución del cargo», escribió Esmeralda García en Aporrea. «Comentar los abusos, atropellos, cobro de vacunas, que se cometen en la frontera es un tema rayado, porque es un secreto a voces pero nadie hace nada».
La corrupción también ha provocado malestar entre las personas que hacen fila para conseguir alimentos en todo el país.
Para Manuel Blanco, los funcionarios no tienen respeto por la gente y el pueblo, que intenta vivir alimentándose de sopa y bananas trituradas, es el afectado, señaló mientras aguardaba en una fila de horas para comprar arroz.
- Lea aquí la investigación de AP: Investigación: Los militares en vez de combatir el hambre, se lucran y trafican alimentos
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Vía Mundo Terra
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