El espurio TSJ insistió ayer en la mañana en que la Asamblea Nacional “no tiene facultades para enjuiciar al presidente de la República, Nicolás Maduro”, y que, por tanto, cualquier decisión que se produjera en este sentido en un debate que -se conocía-, tendría lugar en la tarde, “debía considerarse absolutamente nulo”
La que resultó nula, sin embargo, fue la exhortación del TSJ-con sus magistrados sin mérito y puestos a dedos-pues se trata de un organismo en total “desacato” de la Constitución que, delimita sus funciones al marco de la interpretación y aplicación de las leyes, sin estar facultado para legislar, ni interferir en el resto de los poderes independientes del Estado.
Y así se lo hicieron saber los diputados de la oposición, que hicieron caso omiso a la advertencia de la Sala Constitucional, porque es desde la Asamblea Nacional, cabeza del Poder Legislativo, del cual emana la delegación del poder de los magistrados que luego se constituyen en Poder Judicial.
De modo que, mal puede un poder electivo, como el Legislativo, cuya legitimidad deriva del voto popular, permitir usurpaciones de un poder delegado como el Judicial, que en ningún sentido está facultado para conocer ni decidir sobre las materias legislativas, más aun porque muchos de los magistrados que allí se encuentran, fueron colocados a dedo y no cumplen con los requisitos morales ni credenciales académicas para ocupar sus cargos.
Pero es lo que ha venido sucediendo en el último año de la dictadura de Maduro, cuando, después que 14 millones de electores decidieron darle la mayoría absoluta a la oposición democrática en la Asamblea Nacional, unos magistrados, electos fuera de lapso por la AN anterior, vienen actuando como “brazo político” de Maduro para evitar que el Poder Legislativo obligue al Ejecutivo a respetar la Constitución o a abandonar Miraflores.
Tour de force que terminó ayer, cuando la Asamblea Nacional aprobó el juicio al dictador por “abandono del cargo”, lo conminó a convocar nuevas elecciones y proclamó su decisión de no permitir más injerencias del TSJ en la AN e instó a su disolución.
Una decisión-la de no permitir injerencias del TSJ- que debió tomarse hace año, que pudo evitarle males al país que han incidido en el déficit democrático que asfixia a la sociedad venezolana, pero que ayer se aproximó a su fin, y que debe incluir estrategias claras y el acompañamiento de toda la sociedad civil, para asegurar que Maduro y su pandilla salgan del poder.