Será inevitable que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, eluda este viernes el comienzo de un juicio político en el parlamento que podría desembocar en su destitución. Un recurso de última hora para intentar frenar la tormenta que se le avecina fue desestimado por siete de los diez magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil al filo de la medianoche del jueves.
En sesión extraordinaria, la máxima corte brasileña se reunió para sopesar una petición Rousseff sobre supuestas irregularidades en el proceso político en su contra que se quiere activar en la Cámara de Diputados, el cual según el principal funcionario judicial del gobierno está «contaminado».
Pero la gran mayoría de los altos jueces no han encontrado vicios de la señalada «contaminación». De modo que son válidos los procedimientos para la votación del domingo establecidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un enemigo jurado de Rousseff, según la agencia AP.
No se preveía que los magistrados emitiesen un fallo el jueves, pero el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, dijo que «situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales».
La reunión extraordinaria de 10 magistrados es el acontecimiento más reciente en medio de semanas de forcejeos legales sobre un proceso en el Congreso que ha expuesto profundas divisiones en el país.
El juicio político contra Rousseff se basa en denuncias de que violó leyes fiscales, al manipular las cuentas públicas. José Eduardo Cardozo, procurador general de Brasil, fue quien interpuso este jueves ante el STF la petición de anulación del procedimiento en el parlamento, argumentando que Cunha pretende ir más allá de las acusaciones reales contra Rousseff.
«No nos referimos a los méritos del juicio político» sino más bien al proceso, dijo Cardozo a la prensa en Brasilia.
Los observadores políticos interpretaron los movimientos del gobierno como un esfuerzo final de último momento para evitar una primera gran derrota en el proceso, según la agencia AP.
Para seguir adelante, el juicio político requiere una mayoría de dos tercios en la cámara baja de 513 bancas, lo que equivale a 342 votos. De ser aprobado, el procedimiento pasará al Senado.
Si la cámara alta lo toma para analizarlo, Rousseff sería obligada a dejar el puesto hasta que la medida sea sometida a votación.
El futuro político no pinta nada bien para la heredera política de Lula da Silva, quien esta semana perdió el apoyo institucional de la cuarta fuerza política en el parlamento, el Partido Progresista. Junton con él, votarán a favor de la destitución el ex aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB)
Pero conocedores de la política brasileña creen que algunos diputados mantendrán su fidelidad a la presidenta