Antes de que la Comisión de Verificación de las Firmas del PSUV introdujera el lunes en el Tribunal Supremo de Justicia una demanda contra la Mesa de la Unidad Democrática por un supuesto fraude en la recolección de firmas, elConsejo Nacional Electoral había cuestionado la legitimidad de la coalición como convocante del referéndum revocatorio.
«La solicitud de la MUD carece de la solicitud (sic) escrita de los electores para que intermedie en el proceso de promoción, y del acta del máximo órgano de dirección o asamblea. La MUD no puede arrogarse los derechos que corresponde a los electores», alegó el CNE en comunicación enviada a la MUD, el 8 de abril, luego de que la Comisión de Partidos del órgano comicial señalara que la oposición «no reunían los requisitos para el inicio de promoción» de la consulta.
La advertencia llevó a la MUD a presentar el 12 de abril un nuevo documento al CNE, suscrito por 2.040 electores y un acta de la directiva que aprueba iniciar el revocatorio. El Poder Electoral determinó que 94% de las personas estaban en el Registro Electoral y que la MUD reunía las credenciales como partido. Sin embargo, la legitimidad de la MUD fue puesta en duda por la rectora Tania D’Amelio en el informe titulado «El referendo revocatorio promovido por la MUD: Elementos para la aproximación a un proceso complejo» que, en parte, recoge los elementos de la demanda del PSUV ante el TSJ como los derechos a la defensa del presidente Nicolás Maduro por ser el funcionario a ser revocado; de los ciudadanos a acceder a la información sobre sus personas en la administración pública; corregir datos erróneos «o impugnar el uso indebido de algún nombre».
D’Amelio adujo en el escrito de cuatro páginas que: «En el proceso administrativo se debe respetar el derecho humano al debido proceso que tienen las partes involucradas, resultando innegable que el funcionario de elección popular, objeto de la solicitud de referendo, es merecedor de que se le garanticen sus derechos humanos y constitucionales, y no ser sometido a un procedimiento sumario no previsto en la ley, ni en la norma que rige los procesos revocatorios».
Otro aspecto que dejó claro la rectora es que si la MUD consigue el 1% entre el 20 y 24 de junio no significa que, de manera inmediata, el CNE procederá a recoger los 4 millones de apoyos para convocar el referéndum. «La fase de constitución de la agrupación de ciudadanos o de legitimidad culmina con la emisión o negación de la constancia respectiva; lo cual no implica la apertura automática de la II fase del referéndum, que exige la recolección de 20% de las manifestaciones de voluntad. Esta nueva fase se abrirá si una vez certificada la legítima condición de intermediario de la MUD, esta organización procede a hacer la participación correspondiente», advirtió D’Amelio.
¿Qué busca el PSUV en el TSJ?: que se le ordene al CNE revisar el proceso iniciado por la MUD, desde marzo, si cumplió con la Constitución y las normas electorales y si reúne las credenciales para promover el revocatorio, entre otras.
El presidente Nicolás Maduro reiteró que el revocatorio en su contra no podrá realizarse este año porque la MUD no cumplió con los requerimientos para activar el proceso. Instó a la dirigencia opositora a respetar las decisiones del CNE «en santa paz» y advirtió que no permitirá ningún tipo de «maquinación desestabilizadora».