Diversos dirigentes de la oposición venezolana, como el Gobernador de Miranda y dos veces excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, se apresuraron el martes a celebrar desde sus cuentas en redes sociales el éxito con el que se habría cerrado la etapa de verificación de las firmas recolectadas para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
Esta primera etapa del proceso se trataba de recolectar al menos el apoyo de un 1% del padrón electoral de cada provincia. La oposición entregó cerca de 1,5 millones de firmas al Consejo Nacional Electoral (CNE) en mayo pasado, una cantidad que sobrepasaba con creces la meta establecida en la norma. Sin embargo, el organismo electoral creó después un paso adicional de verificación, en el que los signatarios debían acudir a ratificar su voluntad de pedir un referendo o, si lo deseaban, a retirar sus firmas.
Entre dilaciones que la oposición supone deliberadas y un constante silencio institucional, el CNE lleva a cabo en la actualidad la fase de verificación de firmas de quienes ratificaron su voluntad, cuyos resultados ha prometido anunciar el 26 de julio. Si entonces diera por cumplidos los requisitos de la primera fase, debería abrir paso a una nueva en la que se deben reunir las firmas del 20% de los electores para convocar al referendo revocatorio.
Pero los líderes de oposición tuvieron acceso el martes de manera extraoficial a un acta del CNE en la que se anticipan los resultados de la verificación. De acuerdo al documento, se rebasó con facilidad la barra del 1% del padrón electoral de cada provincia.
“Aquí está el acta que confirma los resultados de la validación por el CNE”, escribió Capriles en Twitter, junto a una imagen facsimilar del documento.
El trascendido llegó a reporteros que cubren la fuente electoral, quienes difundieron algunas estadísticas del proceso: de las 407.000 personas que habrían acudido a autenticar sus firmas, 399.412 pasaron la prueba de verificación. En el estado insular de Nueva Esparta (Caribe nororiental de Venezuela), que fue escenario de diversas irregularidades durante las fechas de ratificación, apenas se superó el umbral de firmas requeridas, con 1,37% de los electores de la entidad.
Se espera que el CNE confirme estos datos el martes y llame a recolectar el 20% de las firmas del padrón nacional para convocar a un referendo revocatorio. El organismo electoral, controlado por el Gobierno, ha convertido la eventual realización del referendo en una carrera de obstáculos, minada con toda clase de requisitos. El régimen de Nicolás Maduro, rezagado en todos los estudios de opinión y bajo el asedio de una aguda crisis socioeconómica, intenta a cualquier costo evitar el referendo o, al menos, diferirlo a 2017, cuando, si resultara derrotado, entregaría el mando al vicepresidente –un chavista– para completar el período presidencial hasta 2019.
Esta no es la única escaramuza institucional que enfrenta a Gobierno y oposición. La guerra intermitente entre la Asamblea Nacional (dominada desde enero por la opositora Mesa de Unidad Democrática, MUD) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), bajo el mando del chavismo, se acaba de encender otra vez. El viernes, el parlamento declaró nulas las designaciones exprés de 12 magistrados titulares y 24 suplentes por parte del chavismo el pasado diciembre. El martes, el máximo tribunal respondió ratificándose en sus funciones y anulando las actuaciones de la Asamblea.
Según se ha anunciado, el jueves intentarán integrarse a sus curules parlamentarias los dos diputados opositores elegidos en diciembre pasado como representantes de la circunscripción del estado de Amazonas. Los diputados no han asumido sus fueros porque en enero el Tribunal Supremo aceptó una solicitud de amparo constitucional del oficialismo, que señalaba presuntas irregularidades durante el proceso comicial. Pero, transcurrido ya casi medio año, el Tribunal no ha dictado ningún fallo sobre el caso. En vista de esa mora, que afecta a la mayoritaria bancada opositora, los diputados han decidido reintegrarse. El número dos del chavismo y también diputado, Diosdado Cabello, ha advertido que si los representantes de Amazonas intentan incorporarse a las sesiones del Legislativo, “irán presos” por desacato al Tribunal Supremo.
El País