Catorce países americanos urgieron este jueves a Venezuela a que libere sus “presos políticos” y fije un calendario electoral, pero se alejaron de la propuesta del secretario general de la OEA de expulsar a Caracas del ente continental.
En una declaración conjunta, difundida por las cancillerías mexicana y brasileña, los 14 países consideraron “urgente” que en Venezuela “se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, según la Constitución, y que se establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas”.
Las elecciones presidenciales en Venezuela están previstas para diciembre de 2018, mientras que las de gobernadores, que debieron realizarse en diciembre pasado, fueron aplazadas para 2017 y aún no tienen fecha.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien esta semana equiparó a Venezuela con una “dictadura”, emitió la semana pasada un voluminoso informe de 75 páginas sobre la situación política venezolana, donde sugirió inclusive suspender del organismo continental a ese país en caso de que no convoque en breve elecciones generales “libres, justas y transparentes”.
En respuesta, el gobierno del presidente Nicolás Maduro acusó a Almagro de promover una “intervención internacional” en su país.
Los 14 países se manifestaron “profundamente preocupados” por la situación de crisis política, económica y social en Venezuela, y aseguraron que evaluarán “con detenimiento” el informe del excanciller uruguayo “con miras a acordar el curso de acción que corresponda”.
En su misiva, también pidieron a Venezuela garantizar la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas.
Sin embargo, consideraron que “la suspensión de un país miembro, como se desprende de la propia Carta Democrática Interamericana, es el último recurso”, y subrayaron que el diálogo y la negociación “son la vía idónea para llegar a soluciones duraderas a los problemas” de Venezuela.
Esfuerzos para un diálogo entre gobierno y oposición, auspiciado por el Vaticano, han fracasado, mientras se agrava la escasez de alimentos y organizaciones civiles denuncian un incremento de la persecución política.
Esos mismos 14 países, más Belice, apoyaron en agosto de 2016 una declaración para exigir a Venezuela cumplir las etapas de un referendo promovido por la oposición para revocar el mandato de Maduro, que fue finalmente suspendido en octubre.
Pero la ausencia en esta ocasión de Belice luce ser más administrativa que política, pues la representación del pequeño país centroamericano ocupa actualmente la presidencia del Consejo Permanente de la OEA.
La declaración auspicia nuevos debates sobre Venezuela en la OEA, donde el tema ha copado en el último año las discusiones de los diplomáticos americanos acreditados en Washington.
“La región no puede permanecer indiferente”, dijo el canciller mexicano Luis Videgaray a periodistas mexicanos.
Para el ministro, la declaración representa “una postura común” de varios países para ayudar “al restablecimiento, primero del diálogo, y segundo de la democracia plena” en Venezuela.
Pero la canciller venezolana, Delcy Rodríguez rechazó en Twitter “las insólitas y serviles declaraciones” del jefe de la diplomacia mexicana.
El ministro había admitido al diario Wall Street Journal que su gobierno ya esperaba una fuerte reacción de parte de Venezuela por impulsar la declaración, pero dijo “no tener duda de que México es una democracia y que no permitirá ser intimidado por Caracas”.
Rodríguez también tachó de “injerencista” al vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, quien había declarado que Washington comparte las preocupaciones de Almagro, señalando que “la OEA es el escenario apropiado para examinar la situación actual en Venezuela”.
“¿Qué pretenden? ¿Agredir a Venezuela? Denunciaremos estas acciones país por país. No admitiremos agresión alguna contra nuestra patria sagrada”, dijo en Twitter la canciller venezolana.
De acuerdo con el Wall Street Journal, los 14 países proponen someter la declaración a la apreciación de la OEA. Sin embargo, fuentes de la entidad, que solicitaron el anonimato, dijeron a AFP que no hay pedidos de reunión inmediata del Consejo Permanente para discutir el tema.
La aprobación de una resolución en la OEA no es fácil, pues se requiere del apoyo de al menos 18 países tan solo para debatir el texto y ponerlo a votación.
Clave en esas negociaciones será el bloque de 14 países del Caribe no hispanófono aliado de Venezuela, que les suministra petróleo en condiciones preferenciales.
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