El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó el lunes al vicepresidente venezolano Tareck el Aissami, en su lista de «Narcotraficantes especialmente designados», lo que anula su visa, le confisca propiedades en Estados Unidos y le prohíbe realizar transacciones financieras o comerciales con instituciones estadounidenses.
El Aissami «juega un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos», según la investigación de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con la acusación, El Aissami ha facilitado el envío de grandes cargamentos de drogas, vía aérea y marítima, desde Venezuela, además de que ha proporcionado protección a otros traficantes.
«En concreto, El Aissami recibió dinero por facilitar el transporte de narcóticos propiedad del narcotraficante venezolano Walid Makled García«, dijo la OFAC.
«También está vinculado a la coordinación de envíos de narcóticos al violento cartel mexicano Los Zetas, así como a la protección del capo narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera y del narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco«, añadió.
Altos funcionarios de Estados Unidos insistieron en que no se trata de una reacción a su nombramiento como vicepresidente de Venezuela sino el resultado de una larga investigación.
El documento del Departamento del Tesoro asevera que El Aissami facilitó la salida de cargamentos de drogas desde Venezuela, además de “controlar los aviones que salían de una base aérea venezolana, así como el control de las rutas de drogas a través de los puertos de Venezuela”.
Las autoridades estadounidenses aseguran que en sus cargos anteriores, el funcionario “supervisó o participó” en múltiples ocasiones en el traslado de más de 1000 kilos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo cargamentos que tenían como destino final a países como México y Estados Unidos.
La designación congela los bienes del vicepresidente en Estados Unidos y le prohíbe la entrada a su territorio, además de que prohíbe a empresas y ciudadanos estadounidenses hacer negocios con él y sus empresas.
«La acción de hoy de la OFAC marca la culminación de una investigación que se llevó a cabo durante varios años (…) demuestra que el poder y las influencias no protegen a quienes participan en estas actividades ilícitas», dijo John E. Smith, Director Interino de la OFAC.
Su «testaferro«
El Departamento del Tesoro también señaló como narcotraficante al «testaferro» de El Aissami, José López Bello, quien en su nombre «proporciona asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de actividades de narcotráfico internacional».
El Departamento del Tesoro publicó en su página web que también aplicará sanciones a 13 empresas controladas por López Bello y otros allegados, que supuestamente conforman una red internacional desplegada por las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.
Según la investigación de EE.UU., el empresario ha realizado tareas de «lavado» de dinero producto del narcotráfico.
«López Bello es empleado por El Aissami para adquirir ciertos bienes. También se ocupa de los acuerdos comerciales y las cuestiones financieras para El Aissami, generando importantes ganancias como resultado de la actividad ilegal que beneficia a El Aissami», dijo el Departamento del Tesoro.
Sanciones al gobierno chavista
Las sanciones adoptadas por el gobierno del presidente Donald Trump son las primeras medidas contra funcionarios venezolanos desde que en 2014 su predecesor, Barack Obama, suspendiera visas y congelara activos pertenecientes a siete funcionarios acusados de perpetrar actos de corrupción y violar derechos humanos.
El Aissami está vinculado a la administración pública venezolana desde 2003, cuando tenía 29 años de edad, y en muy poco tiempo ha llegado a ocupar importantes posiciones como ministro del Interior, gobernador del estado Aragua y la vicepresidencia del país. Su reciente nombramiento como vicepresidente generó mucha polémica porque vino acompañado por la cesión de 15 obligaciones de gobierno, por parte del presidente Maduro, lo que lo convierte en el segundo funcionario más poderoso de Venezuela.
El gobierno estadounidense anunció las medidas después de que un grupo de 34 legisladores le pidiera la semana pasada a Trump que sancione a los funcionarios venezolanos acusados de corrupción y violación de derechos humanos, incluyendo aquellos que se benefician de la aguda escasez de alimentos que padecen los venezolanos.
En 2008, ese departamento designó al exministro de Defensa y actual gobernador del estado Trujillo Henry Rangel Silva, y al exministro del Interior y actual gobernador de Guárico, Ramón Rodríguez Chacín como narcotraficantes por colaborar con la guerrilla colombiana de las Farc.
En 2011, Washington designó como narcotraficantes a cuatro altos funcionarios venezolanos: Amílcar Figueroa, representante de Venezuela en el Parlamento Latinoamericano; al general del Ejército, Cliver Alcalá Cordones; al diputado Freddy Bernal y al funcionario de inteligencia, Ramón Madriz, por colaborar con las Farc y los narcotraficantes. Para 2013 se añadió a la lista a Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, un excapitán de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela.
Desde 2015, Néstor Reverol, actual ministro del Interior, ha sido investigado por fiscales estadounidenses por su vinculación con los carteles del narcotráfico. Ese mismo año, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), expresidente de la Asamblea Nacional y una de las figuras más importantes del chavismo, también fue investigado por su supuesta vinculación con envíos de drogas a Estados Unidos.
Además en noviembre de 2015, fiscales federales de Manhattan acusaron a dos sobrinos de Cilia Flores, la esposa del presidente Maduro, de conspirar para transportar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos.
Con información de NY Times y BBC