La justicia estadounidense citó a 18 personas en Venezuela, incluyendo a familiares del gobernante Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras recaudar devastadoras pruebas de los teléfonos celulares y computadoras que cargaban los sobrinos de la primera pareja presidencial cuando fueron arrestados por narcotráfico.
Fuentes cercanas al caso dijeron a el Nuevo Herald que entre los citados se encuentran integrantes de la familia inmediata de la pareja que gobierna a Venezuela, así como integrantes de la Casa Militar.
Detallada en algunas de las conversaciones transcritas en los informes forenses se encuentran la participación directa de integrantes de la familia Maduro-Flores que aún están en Venezuela.
“Las citaciones son un burdo intento de engañar a ciudadanos venezolanos para que crean que deben presentarse en Estados Unidos con la esperanza de encontrar alguna nueva evidencia para salvar el caso antes de que vaya a juicio”, dijeron los abogados de los acusados, pertenecientes a la firma Boies Schiller & Flexner.
Los abogados de los sobrinos, Randall W. Jackson, John T. Zach, Joanna Wright de la firma Boies, habían solicitado al juez que negará una audiencia solicitada por la fiscalía para dar explicaciones sobre quiénes pagaban sus muy elevados honorarios.
La solicitud de la fiscalía fue emitida luego que el controversial empresario chavista Wilmer Ruperti declarara al diario The Wall Street Journal que era él quien pagaba los gastos legales, y que lo hacía para defender a la llamada “revolución bolivariana”.
Esa declaración generó nuevas complicaciones para la defensa al crear lo que podría ser un dilema ético para los abogados, quienes al final estarían trabajando para proteger a Maduro en Venezuela y no necesariamente para velar por los intereses de los sobrinos.
Diario El Nuevo Herald.