Maibort Petit
El fiscal general de Nueva York, Preet Bharara descubrió en el mes de abril de 2016 que era una sola persona la que pagaba la costosa defensa de los sobrinos de Cilia Flores, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, acusados por los Estados Unidos de conspirar para transportar 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos. El nombre del empresario chavista Wilmer Ruperti pasó al conocimiento del diligente funcionario y generó varias interrogantes.
Lo primero que hizo Bharara fue solicitar a la corte la realización de una audiencia curcio, para tratar en ella lo relacionado al conflicto de intereses que ocurre cuando un solo individuo paga los abogados de dos acusados. Bharara advirtió que los primos Flores debían entender las consecuencias de ese hecho. En aquella comunicación, el fiscal estaba blindado en caso, ya que de llevarse a cabo el juicio y de ser condenados los sobrinos presidenciales, los defensores podían acudir a una corte de apelaciones para denunciar que los derechos constitucionales de los defendidos habían sido violados por no advertirles sobre el conflicto.
La Fiscalía al acecho
Tras la confesión del mismo empresario chavista Wilmer Ruperti de ser él el benefactor que corre con los costosos gastos de los honorarios profesionales de los dos bufetes, se abre una variedad de posibilidades para que la fiscalía concrete una averiguación sobre el origen del dinero que reciben los muy habilidosos defensores de los primos Flores.