La Suprema Corte de Estados Unidos analiza este miércoles la expropiación que realizó el fallecido mandatario Hugo Chávez en 2010 de una firma petrolera estadounidense.
Los ocho magistrados del alto tribunal deberán determinar bajo qué condiciones puede un estado soberano ser sometido a la justicia estadounidense.
Con sede en el estado de Oklahoma, la firma Helmerich & Payne International Drilling Company acusa a Venezuela de haber tomado en forma ilegal once plataformas petroleras.
Helmerich & Payne operaba en ese entonces como subcontratista de la estatal Pdvsa. La firma estadounidense había entregado a Venezuela sus propios equipos de perforación. En 2009, Helmerich & Payne constató una acumulación de facturas impagas de parte de Pdvsa por unos 100 millones de dólares, por lo que decidió detener sus gastos y desmantelar sus instalaciones.
En respuesta, el gobierno venezolano tomó medidas en junio de 2010 para impedir el traslado de los equipos y el presidente Chávez firmó un decreto expropiando a Helmerich & Payne. La firma, a su vez, demandó a Venezuela ante la justicia estadounidense, consciente de la inmunidad que gozan los estados soberanos.
En 1976 el Congreso estadounidense previó limitadas excepciones a esa inmunidad. Bajo la «Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera», existe la posibilidad de perseguir judicialmente a un país extranjero si este se apodera de bienes estadounidenses, o cuando sus acciones acarrean consecuencias directas sobre el funcionamiento comercial de Estados Unidos.
Basado en esa legislación, una corte de Washington dio lugar al reclamo de Helmerich & Payne contra Caracas. El estado venezolano respondió que era impensable, según el derecho internacional, autorizar un proceso contra un país soberano por un motivo tan poco sustancial.
El Nacional.