La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentó este jueves ante el Tribunal Supremo un recurso contra el proceso de cambio de la Constitución, que impulsa el Gobierno de Nicolás Maduro y que organiza el Poder Electoral, por considerar que no cumple «con los extremos legales».luisa
«Estoy pidiendo a la Sala Electoral ahora, que declare la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) primero, la decisión de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente por considerar que el decreto presidencial no cumplía con los extremos legales», dijo la fiscal desde la sede del Poder Judicial.
Sostuvo que la ANC ha avanzado de manera ilegal e irregular, violando la Constitución vigente y vulnerando derechos humanos fundamentales.
“El decreto presidencial no cumplió con los parámetros; las bases comiciales fueron inconstitucionales (…) presento estos recursos porque el CNE violó el derecho al sufragio”, agregó.
La fiscal advirtió que el proceso Constituyente convocado por Nicolás Maduro ha reducido la participación popular “a su más mínima expresión”, además añadió que la Asamblea Nacional Constituyente debe tener incluso más participación que el proceso de 1999.
Ortega Díaz rechazó que el gobierno criminalice a quienes no están de acuerdo con la Constituyente.
«Han dicho frases agresivas tildando a la gente como fascistas o terroristas y no podemos vivir así. La paz no la puede imponer un solo bando y este proceso lo están llamando con base a amenazas».
En vista de que la Sala Constitucional desconoció su autoridad como titular del Ministerio Público para representar a los ciudadanos, apeló al pueblo para que apoyen el recurso contencioso que introdujo ayer ante la Sala Electoral contra la constituyente.
“Pido a todos los habitantes del país que rechacen la Constituyente. Acudan al TSJ, piso 4 de la Sala Electoral, si está en desacuerdo con la Constituyente y hágase parte, como tercero, de los recursos para que declaren nulos la convocatoria (presidencial)”, clamó Ortega Díaz, de manera firme, en la sede del máximo tribunal, con lo cual invocó el artículo 333 de la Constitución que obliga a los ciudadanos y autoridades a restablecer la vigencia de la Carta Magna.
Con información de El Nacional y Diario Las Américas
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