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El presidente Nicolás Maduro intenta “correr la arruga” con una reforma, de carácter cosmético, de la Ley de Precios Justos para intentar abrir una pequeña rendija a los productores y comerciantes privados, en función de reactivar la actividad económica, así sea en el corto plazo.
La reforma no plantea un cambio importante en la estructura de control de precios. Se trata de la reimplantación del Precio Máximo de Venta al Público (PMVP), a través de una “nueva metodología” que el Gobierno va a diseñar, pero donde se reconocen integralmente los costos de producción y comercialización, según fuentes vinculadas con el Gobierno.
Se preserva, eso sí, el margen máximo de ganancia de 30%, aunque se podría modificar la estructura restrictiva de cálculo. En su críptico lenguaje, el presidente Maduro dijo que el nuevo “comando anti especulación”, dirigido por el vicepresidente Jorge Arreaza, va a “peinar” toda la economía, en un plazo de 30 días, para determinar cómo se forman los precios y proceder a aplicar el nuevo método de cálculo.
Cabe recordar que cuando se aprobó la Ley de Precios Justos se fijó exactamente el mismo objetivo, con un plazo mucho mayor. Lo cierto es que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) aun no ha sido capaz de fijar los márgenes de ganancia ajustados para cada sector de la economía, y lo que ha hecho es hacer operativos de inspección y sancionar a comerciantes y almacenadores.
En todo caso, el cálculo político del presidente Maduro es que esta reforma podría -nunca mejor utilizado el condicional- estimular la actividad, ya que la Sundde solo fijaría administrativamente los precios de una lista restringida de bienes y servicios, aún en definición, pero básicamente compuesta de alimentos y medicamentos. Los precios de los servicios públicos se mantendrán congelados, así como el costo de la gasolina.
Aparentemente, la lista de productos esenciales no pasaría de 15 categorías; sin embargo, no está claro cuándo podría entrar en vigencia realmente este esquema.
Por otra parte, el Gobierno refuerza las sanciones y hará una reforma puntual para penalizar con cárcel el uso del tipo de cambio paralelo como referencia para los precios.
La experiencia demuestra que la capacidad supervisora del Ejecutivo ha sido bastante limitada para enfrentar los fenómenos especulativos.
La reacción inicial de los gremios privados de la industria y el comercio es simplemente esperar. Se necesitan más detalles sobre estas decisiones; sin embargo, análisis preliminares de estas entidades revelan que el potencial de esta reforma es muy limitado para superar la escasez de bienes.
De acuerdo con este análisis, las perspectivas inflacionarias seguirán siendo muy negativas. Las proyecciones con las que están trabajando la industria y el comercio no se modifican. En promedio, ambos gremios esperan que 2016 termine con una inflación puntual de 140%-150%.
Por: Armando J. Pernía
Periodista especializado en Economía y Finanzas.