La Organización de Naciones Unidas (ONU), entre el lenguaje diplomático, fue enfático en un mensaje: la Defensoría del Pueblo (DP) de Venezuela está reprobada en la defensa de los derechos humanos.
La conclusión es una de las partes del informe del Subcomité de Acreditaciones del Comité Internacional de Coordinaciones (CIC). En otras palabras, según explica el coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), Rafael Uzcátegui, la institución que dirige Tarek William Saab no está cumpliendo con los criterios establecidos a través de los Principios de París, que determina el régimen de funcionamiento de instituciones defensoras.
La recomendación consiste en que la ONU recomienda degradar (con ese verbo, tal cual) a Venezuela de la categoría A hasta la B. Sin embargo, la Defensoría puede impugnar para que la recomendación sea sometida a revisión.
“Sin embargo, la recomendación del CIC puede ser impugnada, como en efecto lo fue, por el defensor del Pueblo, así que queda sujeta a revisión final”, que será en la reunión de la Oficina de la Ganhri (Global Alliance of National Human Rights Institutions o Alianza Global de Instituciones nacionales de Derechos Humanos), por celebrarse del 12 al 14 de octubre, en Berlín. “Eso significa que hasta esa fecha, no hay nada definitivo y, en teoría, la DP podría asistir a la pre-sesión del Examen Periódico Universal de Venezuela, si así lo desea, pero con plomo en el ala”, añade Uzcátegui.
Desde 2013, organizaciones como Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis, Acción Solidaria contra el VIH-Sida, Provea y Espacio Público han cuestionado la actuación de la Defensoría del Pueblo.
Un momento álgido de esas denuncias fue 2013, cuando la DP estaba en manos de Gabriela Ramírez. Todo comenzó con un asunto de forma: en su biografía de Twitter se identificaba como “hija de Chávez”.
“El 9 de octubre de 2013 la Defensora envió un tweet en el que dijo ‘Nuestra Institución de Derechos Humanos respalda la defensa que emprende Nicolás Maduro de nuestras conquistas’. El Subcomité también tuvo en consideración las siguientes acciones: en una entrevista realizada en septiembre de 2013, se preguntó a la defensora ‘¿es usted chavista?”, a lo que respondió: “Sí. Yo, tal vez, estaría en una universidad dando clases, si no hubiese escuchado al presidente Chávez haciéndonos ese llamado a transformar la sociedad, convocarnos a una nueva carta (constitucional). En la misma entrevista, tras referirse a sus sentimientos tras la muerte del presidente y a sus enseñanzas, concluyó: ‘y por esa razón, digo ¡soy chavista!”, refiere el informe.
Por recordar: el silencio prolongado de la defensora sobre las actuaciones de la Guardia Nacional y de instituciones policiales contra los protestantes que manifestaron en las calles a partir del 12 de febrero de 2014 y que dejaron más de 30 muertos y cientos de detenciones arbitrarias.
Tareck, bajo lupa
El CIC resalta que durante la gestión de Tareck William Saab ha habido más de un gazapo. El que más llama su atención es la respuesta de la Defensoría a las peticiones de Lorent Saleh y Gabriel Valle, presos en la sede de Plaza Venezuela del Sebin, bajo cinco sótanos y aislados. Ambos han solicitado su salida de esas celdas.
Pero de acuerdo con Saab, “han pedido a través de sus familiares no ser trasladados a otro centro de reclusión, lo que confirma que se encuentran en buenas condiciones de reclusión».
Por recordar además: la actuación del defensor del pueblo en la masacre de Tumeremo, cuando no quiso hablar sobre las palabras del gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, quien negó la matanza.
Los apoyos de Bolivia y de Nicaragua a Venezuela determinaron, en buena parte, que la degradación de Venezuela esté ahora sometida a una revisión. Vendrán nuevas evaluaciones. Tendrá que demostrar mucho y sustentar sus pruebas el defensor del pueblo
¿Cuáles son los pasos?
Una vez que el Subcomité de Acreditación emita su recomendación sobre la solicitud de acreditación, ésta será remitida a la Oficina del CIC, cuya decisión será definitiva y estará sujeta al proceso siguiente:
-La recomendación del Subcomité será primero remitida al solicitante.
-El solicitante podrá impugnar una recomendación enviando una impugnación escrita dirigida al Presidente del CIC a través de la Secretaría del CIC, en el plazo de veintiocho (28) días a partir de la fecha de recepción.
-Tras lo anterior, la recomendación será remitida a los miembros de la Oficina del CIC para que tomen una decisión. Cuando se haya recibido una impugnación del solicitante, la impugnación y todos los documentos pertinentes recibidos, en conexión, tanto con la solicitud de acreditación como con la impugnación, también serán remitidos a los miembros de la Oficina del CIC.
-El miembro de la Oficina del CIC que no esté de acuerdo con la recomendación deberá notificarlo al Presidente del Subcomité y a la Secretaría del CIC en el plazo de veinte (20) días a partir de la fecha de recepción. La Secretaría del CIC notificará con prontitud a todos los miembros de la Oficina del CIC sobre la objeción planteada y suministrará toda la información necesaria para esclarecer la objeción en cuestión. Si en el plazo de veinte (20) días a partir de la recepción de dicha información al menos cuatro de los miembros de la Oficina del CIC provenientes de no menos de dos grupos regionales, notifican a la Secretaría del CIC que tienen una objeción similar, la recomendación será remitida a la siguiente reunión de la Oficina del CIC para que se tome una decisión al respecto.
-Si al menos cuatro de los miembros provenientes de dos o más grupos regionales, no plantean ninguna objeción a la recomendación en el plazo de veinte (20) días a partir de la recepción, la recomendación será considerada aprobada por la Oficina del CIC.
-La decisión de la Oficina del CIC sobre la acreditación será inapelable.
Extraído del reglamento de la Asociación del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones nacional para la promoción y Protección de derechos Humanos.
Marcos David Valverde vía Correo del Caroní