El pasado 13 de junio, fue denunciado ante la Fiscalía General de Colombia el presidente venezolano Nicolás Maduro, por crímenes de lesa humanidad cometidos contra colombianos y venezolanos entre el 2009 y 2017, documento que fue introducido por Walter Márquez y un grupo de abogados venezolanos con el apoyo del colegio de abogados litigantes del Norte de Santander que preside Rafael Humberto Villamizar.
Hoy 13/06/17 junto a Colegio Abogados Cúcuta denunciamos a Maduro por crímenes de lesa humanidad en la frontera. Solicitamos enjuiciamiento. pic.twitter.com/4wKscnu7c2
— Walter Márquez (@walter_marquez) June 14, 2017
Maduro debe comparecer ante Corte Penal Internacional y justicia colombiana por graves violaciones de DDHH contra vzlnos y colombianos.
— Walter Márquez (@walter_marquez) June 14, 2017
CPI y justicia colombiana facultadas para enjuiciar y condenar a Maduro. Código penal colombiano contempla hasta 60 años de cárcel.
— Walter Márquez (@walter_marquez) June 14, 2017
La entrega del voluminoso expediente de 140 páginas del escrito de la denuncia, más 260 páginas de anexos documentales se realizó en la oficina local en Cúcuta de la Fiscalía General de la Nación, en el que se condensan las prueban de la grave violación de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro cuando era canciller de la República y luego como mandatario nacional de Venezuela, quien por acciones y por omisión permitió la voladura de los puentes de las cuencas altas del río Táchira en los años 2009, 2010, 2014 y 2015.
En la redacción de la denuncia participaron entre otros Jesús Alberto Berro, Charito Paolini y Clara Ramírez por Venezuela, y por Colombia Orlando Bohorquez, Rafael Humberto Villamizar y Jorge González Dulcey, quienes además acompañaron a Walter Márquez en su denuncia en Cúcuta junto a su esposa, Anacelita de Márquez, también abogado, y su hija Génsis Márquez, estudiante de periodismo.
Igualmente se señala en el escrito que fue público, notorio y comunicacional las deportaciones forzosas de más de 1.500 colombianos en la frontera, la destrucción de sus viviendas en el sector “La Invasión” de San Antonio del Táchira, y el desplazamiento forzoso de más de 25 mil colombianos ante la medida tomada por Maduro de cerrar la frontera y expulsar a los colombianos.
Estos delitos están tipificados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como crímenes de le lesa humanidad y también en el Código Penal Colombiano y en el Código penal venezolano.
Los abogados litigantes que acompañaron a Walter Márquez en este escrito también están solicitando en primer lugar el enjuiciamiento de Nicolás Maduro en jurisdicción colombiana, por cuanto por ser delitos transfronterizos que ocurrieron a ambos lados del río Táchira, Colombia tiene plena jurisdicción penal para investigar y sancionar al presidente venezolano, quien al ser procesado por crímenes de lesa humanidad pierde los privilegios y la inmunidad como jefe de Estado y simplemente se convierte en un simple procesado por crímenes graves contra la humanidad.
Interpol buscaría a Maduro
Walter Márquez especificó que también se está pidiendo que la Fiscalía y un tribunal colombiano libre la orden de comparecencia para que Maduro rinda cuentas ante la justicia colombiana, y en caso de que se niegue, se ordene su captura internacional en cualquier parte del mundo a través de la Interpol.
La acción jurídica interpuesta por Walter Márquez y los abogados de ambos países solicita que se aplique la pena máxima contra Nicolás Maduro y los miembros del alto mando militar y del alto gobierno que resulten responsables de la grave situación denunciada de violación de derechos humanos, a quienes se les pueden aplicar penas hasta de 60 años, como lo contempla la legislación penal colombiana.
Expresó el parlamentario emérito venezolano y presidente de la Fundación El Amparo, que en el escrito se señala que existen más de 2 millones de víctimas directas, ya que al cerrar la frontera e impedir el libre tránsito de bienes y personas, se le está vulnerando el derecho a los colombianos y venezolanos, especialmente del Táchira y del Norte de Santander a entrar y salir del país, garantía establecida en la Constitución colombiana, la Constitución venezolana, y la Convención Americana de los Derechos Humanos, además por su puesto de las víctimas agravadas, como es el caso de los 1.500 colombianos deportados, y los más de 25 mil colombianos que se vieron obligados a desplazarse de manera forzosa.
Por su parte el Presidente de los abogados litigantes del Norte de Santander, Rafael Humberto Villamizar junto a Jorge González Dulcey además de demostrar ampliamente su solidaridad con el pueblo de Venezuela, mostraron su preocupación, por lo que consideran que impulsar esta denuncia era obligación del gremio en la defensa de los derechos humanos de los habitantes de ambos lados de la línea fronteriza, por lo que han estado estudiando a profundizad ese tema junto con los venezolanos y Colombia tienen perfecta facultad de investigar a Nicolás Maduro, incluso de detenerlo y condenarlo por el principio de territorialidad objetiva que ha sido desarrollada por la Corte Constitucional colombiana, así como por el principio de jurisdicción internacional, cuyo caso más emblemático a nivel internacional fue la detención de Augusto Pinochet por parte del juez Garzón por delitos cometidos en contra de españoles en Chile.
Indicó Walter Márquez que de manera paralela a la entrega del escrito en la oficina de la Fiscalía en Cúcuta, en Bogotá el abogado Álvaro Luna entregó en el despacho de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá un escrito en el que se solicita la designación de un fiscal especializado para que se aboque inmediatamente a estudiar el caso.
Vía Ecos del Torbe