Las fuerzas de seguridad centran la represión sobre estudiantes, la clase media alta, dirigentes de clases populares y periodistas; muere un chico de 17 años en Táchira.
La represión contra las protestas antigubernamentales en Venezuela, que ayer sumó otro muerto, disparó a 294 el número de personas privadas de libertad en sólo 40 días. Todas enviadas a prisión y en espera de juicio, según los datos que maneja el Foro Penal Venezolano, y varias de ellas dirigentes o líderes sociales y estudiantiles.
Hasta el mediodía de ayer, los tribunales militares iban a la cabeza en la ofensiva judicial, pese a su inconstitucionalidad de origen y el clamor internacional suscitado. Ya en 2015 las Naciones Unidas exigieron el cese de esta práctica ilegal, que recuerda la represión de las dictaduras latinoamericanas del siglo pasado.
Hace dos años, «estos casos se contaban sólo con una mano», recuerda el abogado Nizar El Fakih, director de la ONG Pro Iuris. Pero hasta ayer los jueces militares dictaron 159 privativas de libertad. A esta cifra hay que añadir además los 135 detenidos que fueron trasladados a distintas penitenciarías a través de los tribunales civiles: 68 en abril y 67 en lo que va de mayo, según los datos de Foro Penal.
El chavismo repite parecidos patrones a los empleados en 2014, durante las llamadas guarimbas. «Los detienen por protestar y manifestarse, por oponerse al poder. Son detenciones realizadas con abuso de fuerza, incluso con maltrato. Y luego los mantienen incomunicados, incluso sus abogados sólo los pueden ver unos minutos durante las audiencias», asegura Gonzalo Himiob, director del Foro Penal.
«Pero además, una vez detenidos hemos detectado casos donde los obligan a comer excrementos, les echan el polvo de las granadas lacrimógenas e incluso los golpean con bates y varas metálicas», denuncia Himiob.
Pese a que ya existían casos previos, como el encarcelamiento del diputado Gilber Caro, la gran novedad, por su masificación, es el uso de la justicia militar para procesar civiles. De momento son 275 los procesados por esta vía, «con tribunales dentro de los cuarteles, en los que están presentes militares armados con fusiles», desvela Himiob.
Las fuerzas gubernamentales buscan ejemplarizar y amedrentar con sus detenciones, atacando a distintos grupos, desde dirigentes políticos altos y medios hasta estudiantes, clase media alta, clases populares y periodistas.
El diputado regional Wilmer Azuaje permanece detenido pese a las protestas de sus correligionarios políticos. Líder de Primero Justicia en Barinas, cuna de la revolución, Azuaje procede de las filas del chavismo, que abandonó tras denunciar varios casos de corrupción de la familia Chávez.
Julio César Rivas, diputado regional de Proyecto Venezuela, también está entre rejas, al igual que el dirigente juvenil Nixon Leal, acusado de traición a la patria. Este caso es aún más sangrante, ya que Leal fue liberado a fines de diciembre pasado tras permanecer dos años en el Helicoide, la cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Sergio Contreras, director de redes sociales de un diario opositor, fue trasladado hace tres días a la prisión militar de Ramo Verde, la misma de Leopoldo López. Lo acusan de traición a la patria, rebelión y sustracción de elementos militares, pese a que existen videos en los que se observa cómo fue detenido mientras hablaba en una protesta.
A Lisbeth Añez la acusan de los mismos delitos, que le pueden acarrear hasta 30 años de prisión. Conocida como Mama Lis, fue detenida en el aeropuerto de Caracas. Durante tres años se convirtió en el ángel de los presos políticos más jóvenes, a los que visitaba en prisión y conseguía alimentos en medio del desabastecimiento general.
Al carpintero Eleazar Guerrero, el Sebin le tendió una trampa: lo llamaron para que hiciera un trabajo y lo detuvieron cuando se presentó. Su pecado: es dirigente barrial en El Valle, una zona popular donde el chavismo no quiere que se prenda la llama de la protesta.
Sobre Jesús Rondón, de 19 años, también pende la espada de Damocles bolivariana. El joven fue apresado en Cumaná, al este de Caracas, después de que un grupo de estudiantes tumbó una pancarta de Chávez. Sus compañeros volvieron a clamar ayer por su libertad.
En este contexto, la cifra de muertos en las protestas llegó ayer a 40 tras el asesinato por un disparo de Luis Alviarez, de 17 años de edad, en Palmira, municipio Guásimo, en el estado Táchira.
Diario La Nación.